La Secretaría de Educación Pública del Estado presentó ante la opinión pública a 25 alumnas y madres de familia que denunciaron prácticas de castigo y tratos indignos. Las jóvenes afirmaron haber abandonado la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en Teteles de Ávila Castillo, debido a la intolerancia de dichas condiciones. La dependencia detalló que el grupo afectado decidió retirarse del plantel tras agotar los canales internos de resolución.
La SEP estatal sostuvo que las denuncias recogen testimonios directos de las estudiantes y sus familias, quienes describieron situaciones de abuso y humillación sistemática. Las alumnas destacaron que el ambiente de violencia institucional impidió el desarrollo adecuado de su formación docente y afectó su salud emocional. La institución educativa negó inicialmente la gravedad de los hechos, lo que provocó la escalada en la demanda de justicia por parte de las afectadas.
El proceso de verificación incluyó la revisión de antecedentes disciplinarios y la recopilación de evidencias documentales presentadas por las víctimas. La Secretaría de Educación Pública enfatizó que el bienestar de los estudiantes es prioridad y que no se tolerarán conductas que vulneren sus derechos humanos. Las madres de familia subrayaron la necesidad de cambios estructurales para evitar que nuevos estudiantes sufran las mismas consecuencias.
La presentación pública de las denunciantes busca generar presión institucional para que se apliquen sanciones ejemplares contra los responsables. Las alumnas expresaron su deseo de que este caso sirva como precedente para erradicar las novatadas en las escuelas normales del país. La dependencia confirmó que se continuarán las investigaciones administrativas y penales correspondientes para determinar las responsabilidades de los docentes involucrados.
La Secretaría de Educación Pública del Estado reiteró su compromiso con la reforma educativa y el respeto a los derechos de la comunidad estudiantil. Se espera que las autoridades emitan una resolución definitiva en los próximos días para cerrar el caso y garantizar la seguridad en los centros de formación docente. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos seguirán vigilando el cumplimiento de las medidas correctivas acordadas.
