La diputada Marisol Bazán propuso modificar 17 artículos de la Constitución de Guerrero. El objetivo es establecer que quienes administren recursos públicos lo hagan bajo principios de eficiencia y eficacia. La iniciativa busca convertir la honradez en el manejo de fondos en una obligación legal.
La propuesta legislativa se centra en reforzar el marco normativo estatal para garantizar una administración pública más transparente y responsable. Según el planteamiento, la honradez no debería ser solo una virtud ética, sino una obligación jurídica ineludible para los servidores públicos.
La iniciativa contempla cambios significativos en la estructura constitucional actual. Se pretende que los principios de eficiencia y eficacia queden plasmados como pilares fundamentales en la gestión de los recursos del estado. Esto implicaría un ajuste en la interpretación legal de las funciones de quienes ocupan cargos públicos.
Bazán argumenta que la modificación de estos 17 artículos es necesaria para alinear la legislación estatal con las expectativas de la ciudadanía. La población exige cuentas claras y un uso optimizado de los impuestos que pagan. Por ello, se requiere un instrumento jurídico que penalice o restrinja la discrecionalidad en el gasto público.
El texto de la propuesta establece que la administración de los recursos debe priorizar resultados medibles y el bienestar común. Al incorporar la honradez como mandato constitucional, se busca reducir los espacios para la opacidad o el manejo irregular de los fondos gubernamentales en cualquier nivel de gobierno.
Esta iniciativa representa un paso hacia la profesionalización de la función pública en Guerrero. La aprobación de estos cambios obligaría a los funcionarios a demostrar la eficacia en sus acciones. La sociedad guerrerense observará con atención el avance de esta reforma en el seno del poder legislativo.
