La tragedia se relataba por todas partes: el sistema de salud mexicano estaba desbordado por la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021 y la falta, no solo de camas sino de equipo eficiente para atender a la mayor cantidad de pacientes era apremiante. Una donación por parte de Philips de más de 2 mil ventiladores modelo E30, presentados como equipo útil para la emergencia, resultó además de peligrosa para la salud como un aparato que no respondió a esta necesidad.
Testimonios recabados tanto de personas que lograron usar un ventilador como del personal médico en varios de los hospitales que recibieron este modelo -denunciado a nivel internacional por el riesgo de que éstos liberen partículas tóxicas que pueden causar asfixia o cáncer- corroboran una segunda realidad grave: ni siquiera respondían a la emergencia.
Por otra parte, mientras los hospitales luchaban por mantenerse a flote, respiradores defectuosos y diseñados para terapia no invasiva fueron entregados sin capacitación, sin manuales, sin seguimiento y, hasta la fecha, sin retiro oficial por parte de Philips ni por las autoridades sanitarias del país.
Los ventiladores E30 de Philips fueron distribuidos en al menos 255 hospitales del país, originalmente diseñados para tratar apnea del sueño y enfermedades respiratorias crónicas leves, no tenían la capacidad para atender a pacientes graves con complicaciones pulmonares por el virus SARS COV-2.
El hospital duranguense forma parte de los más de 200 hospitales públicos de México que recibieron ventiladores que la FDA marcó como nocivos a la salud y de los que la periodista Valeria Durán de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló el pasado 10 de junio, destacando que aunque la oficina de Presidencia de la República fue notificada de manera oficial en 2024, no ha habido ninguna acción de retiro desde la empresa ni desde instituciones de salud como Cofepris y la Secretaría de Salud.
