Ante el aumento de tomas clandestinas y la crisis hídrica en el Estado de México, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa en el Congreso local para tipificar como delito grave el robo y desvío ilegal de agua potable.
Pepe Couttolenc, diputado local y dirigente estatal del PVEM, subrayó la urgencia de atender el problema del «huachicoleo de agua», una práctica que afecta severamente el acceso al recurso en varias comunidades.
Según datos oficiales, entre 2019 y 2022 se detectaron 14,836 tomas clandestinas en la entidad, lo que posiciona al Estado de México como el segundo con mayor incidencia a nivel nacional, solo después de Aguascalientes. Se calcula que en todo el país se sustraen ilegalmente alrededor de 4,000 litros de agua por segundo.
En marzo de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Guardia Nacional clausuraron 11 puntos de extracción ilegal en Texcoco y Chicoloapan, donde se presume que el agua era robada para su venta.
Las sanciones propuestas
La iniciativa busca que el robo de agua sea perseguido de oficio y propone penas de hasta seis años de prisión. Las sanciones específicas incluyen:
- 2 a 6 años de cárcel y multas de 200 a 1,000 UMAs por alterar o desviar el suministro sin autorización.
- 1 a 3 años de prisión y multas de 100 a 500 UMAs por extraer agua de fuentes no autorizadas.
- 2 a 6 años de cárcel y multas de 500 a 1,000 UMAs por distribuir agua de manera ilegal desde fuentes no oficiales.
Con esta propuesta, el PVEM busca fortalecer su agenda legislativa en materia ambiental y garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso equitativo y seguro al agua potable.
