Al encabezar el evento de promulgación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguró que su administración impulsará un marco jurídico que posibilite el desarrollo de la entidad y de sus habitantes en un ambiente de justicia, inclusión, humanismo y valores, como elementos indispensables para favorecer la armonía de la sociedad mexiquense.
Acompañada de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Azucena Cisneros Coss y Ricardo Sodi Cuellar, respectivamente, la Mandataria estatal indicó que este nuevo marco legal busca contribuir para que los mexiquenses cuenten con las bases mínimas de una sana convivencia social.
La Gobernadora precisó que esta ley es producto de la concertación de ideas y propuestas plurales a través de las Iniciativas presentadas por la Diputada Azucena Cisneros Coss, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y de la Diputada Karla Aguilar Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI, que contaron con la activa participación del Poder Judicial de la entidad, permitiendo la conjunción de las posturas para llevar a buen puerto un proyecto aprobado por unanimidad de votos en la LXI Legislatura local y beneficiará a las y los mexiquenses.
Tras firmar el Decreto por el que se promulga la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, que también signó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, la Gobernadora Delfina Gómez puntualizó que la administración estatal tiene el propósito de garantizar el acceso a la justicia a los municipios tanto rurales como urbanos, a las ciudades más desarrolladas y las comunidades indígenas, a jóvenes y adultos, lo mismo que a mujeres y hombres.
La mandataria estatal refirió que este marco jurídico se justifica a partir de las cifras del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de 2020, en donde se reportaron en el Estado de México, 193 mil 499 puestas a disposición por parte de instituciones policiales y quejas.
De las faltas cívicas registradas, más de 100 mil fueron sancionadas con arresto, 50 mil con multa y 29 mil con amonestación, pero solo 655 se resolvieron mediante acuerdos de mediación o conciliación.
