Cerca de 80 alcaldes y alcaldesas de Veracruz del PRI, Morena y Partido Verde emitieron un pronunciamiento en relación con los criterios que han tomado jueces y magistrados federales, determinando cesar la prisión preventiva oficiosa y que han permitido dejar en libertad a probables responsables de delitos graves.
En conferencia de prensa conjunta dijeron que es tiempo de «frenar la inestabilidad que jueces y magistrados federales buscan causar a Veracruz y en particular, a nuestros municipios».
Dijeron que comparten la molestia y preocupación que han expresado las y el Titular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por la liberación de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas, quienes presuntamente han cometido el delito de desaparición de personas, entre otros presuntos delincuentes que ya se encuentran nuevamente en las calles de sus municipios.
El alcalde de Chontla, Néstor Enrique Sosa Peña se sumó al llamado a las y los jueces para que reconsideren esta tesis que han planteado con 45 presuntos delincuentes y 3 mil 356 que pudieran estar en los próximos meses en las calles.
“En tres semanas, al día de hoy hay 45 casos de presuntos delincuentes que hoy están en las calles y se presume que puedan ser 3 mil 356 los que puedan reinsertarse a la sociedad y lo que más les preocupa a alcaldes, alcaldesas del estado de Veracruz es precisamente que puedan atormentar la seguridad de los municipios”.
La alcaldesa de Totutla, Nora Acosta Gamboa señaló que juzgados y tribunales federales, mañosamente han interpretado una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y han emitido resoluciones insensatas que afectan la paz pública al eliminar la prisión preventiva oficiosa que les había sido impuesta a los sujetos de investigación por el peligro que representan.
“En nuestra condición de autoridades municipales, siendo la representación de primer contacto con la ciudadanía, somos testigos de la frustración, descontento y miedo que hay en la población por las decisiones de jueces y magistrados federales, que, bajo el argumento de la protección de los derechos humanos de los detenidos, los liberan sin considerar que se trata de la vida social de nuestras comunidades. Reconocemos que ha habido logros importantes de las autoridades encargadas de la seguridad pública desde nuestro ámbito municipal, al estatal y federal, así como de las instancias estatales de procuración e impartición de justicia, en la detención de presuntos delincuentes”.
Expuso que todo este esfuerzo colectivo, valiente y decidido lo destruyen jueces y magistrados federales, quienes de manera sospechosa en las últimas semanas han emitido liberaciones bajo el argumento de la protección de los derechos humanos de los detenidos.
