La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa se ofreció como mediadora para resolver el conflicto que se vive en la capital del estado de Guerrero, donde en los últimos días se han vivido hechos de violencia.
Lo anterior fue señalado en el comunicado firmado por el monseñor José de Jesús González Hernández.
El obispo José de Jesús González señaló que la situación de violencia e inseguridad que ha prevalecido en los últimos días en México y especialmente en Chilpancingo “puede transformarse con la contribución de distintas voluntades: asociaciones civiles, ONG’s, personas de buena voluntad, Gobierno y sociedad”.
Hizo suyo el reclamo de la sociedad en que vivimos de “tener un ambiente e paz, tranquilidad y seguridad”, por lo que pidió “a las autoridades de los tres niveles de gobierno, usar todos los mecanismos a su disposición, para que esto sea una realidad en nuestra entidad”.
Transportistas y pobladores de distintos municipios del estado de Guerrero, sur de México, ligados al grupo delictivo Los Ardillos, retuvieron a una decena de policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, además de un camión blindado y causaron destrozos en Chilpancingo, capital del estado, en una protesta que causó el colapso y el caos en la región.
La jornada violenta del fin de semana, que dejó cinco transportistas muertos, y la detención de dos de integrantes del grupo delictivo, continuó este lunes con una marcha de más de 2.000 personas, quienes tomaron por un momento las sedes estatales del poder Ejecutivo y Legislativo, además de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), ante una política de “no represión” del Gobierno estatal.
La marcha fue organizada la noche anterior en las comunidades y municipios del conocido circuito Río Azul, que va de Chilpancingo a Quechultenango, en donde se pidió a los habitantes apoyar a “los amigos del pueblo”.
Mientras que en lugares como en el poblado de Petaquillas las personas fueron prácticamente obligadas a acudir, o tendrían que pagar multas de entre los 500 a 2 mil pesos.
