Reprueba IMCO a Morelos por rebasar presupuesto

Durante el ejercicio fiscal del 2015 al 2017, el estado de Morelos registró un aumento respecto al presupuesto ejercido de lo aprobado en un 91.9, 78.8 y 29.8 por ciento respectivamente, evaluó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el estudio “Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad” publicado este martes.

Con el propósito de conocer si los gobiernos estatales han sido congruentes con sus promesas de austeridad, el IMCO analizó a partir de los presupuestos de egresos, informes trimestrales del gasto y cuentas públicas estatales si las administraciones han ajustado a la baja los recursos que anualmente asignan a rubros como sueldos y salarios, prestaciones, servicios básicos, publicidad oficial, viáticos, ceremonias oficiales, entre otras partidas de gasto administrativo.

El IMCO reveló que 26 entidades gastaron 294 mil 998 millones de pesos adicionales a lo presupuestado que representa un 17 por ciento más de lo que fueron aprobados por los Congresos Locales y que en su mayoría se destinaron a gastos burocráticos y además algunos, se endeudaron.

Juan Ernesto Pardinas, presidente del IMCO explicó que los excedentes no reportados en el presupuesto de ingresos dan pauta a que sean ejercidos en la discrecionalidad y opacidad como “cheques en blanco” de recursos públicos en su mayoría al gasto burocrático ajeno a responder a las necesidades de infraestructura social de los municipios.

En la gráfica referente al grado de avance en el ejercicio de presupuesto asignado al pago de materiales y suministros, el monto ejercido en el periodo como porcentaje del presupuesto aprobado anual del 2017, el estado de Morelos al 31 de diciembre reflejó un 237.5 por ciento, el tercero a nivel nacional.

De acuerdo al Índice de Información del Gasto (IIEG) correspondiente al ejercicio del 2015 al 2017, el estado de Morelos superó el gasto destinado a la imagen gubernamental que a la prestación de servicios de salud por 63.2 millones de pesos más y una variación porcentual del 77 por ciento entre el monto aprobado y ejercido por concepto de comunicación social.
A nivel nacional, el costo de la buena imagen en los estados tuvo un incremento del 83 por ciento respecto de lo presupuestado, es decir, 3 mil 748 millones de pesos cifra que supera al recurso destinado al fondo de reconstrucción para los estados dañados por el sismo del 2017 (2 mil 500 mdp en 2018).
El gasto presupuestado en Morelos se elevó también en artículos de oficina con una variación del 415 por ciento superior a lo programado y que representa de todas las entidades el segundo lugar seguido del estado de Guerrero con el 440 por ciento y un 137 por ciento más en materiales y suministros como alimentos y utensilios, uniformes, materiales de construcción, equipo de seguridad, suministros médicos.
Se elevó 138 por ciento más de lo presupuestado en servicios generales como agua, luz, gas, telefonía, arrendamiento, comunicación social, viáticos, servicios oficiales (ceremonias).
El estado de Morelos encabeza la lista de las entidades que retroceden con 30 puntos porcentuales de un año a otro en el cumplimiento de la ley General de Contabilidad Gubernamental, el quinto a nivel nacional.
En un balance sobre las entidades que gastaron más de lo presupuestado, el 30 por ciento correspondió a la entidad morelense que valió en un balance general a una calificación baja, de menos del 59 por ciento.
Aunque en ese mismo año el gobierno morelense consideró la austeridad en combustibles, lubricantes y aditivos centrando el pago de gasolina sólo a vehículos necesarios como ambulancias y patrullas, al revisar sus cuentas públicas se encontró que gastaron el 52 por ciento más en los recursos respecto a los aprobados por sus congresos locales.
Juan Ernesto Pardinas subrayó que el manejo de los excedentes entorno de opacidad promueve la corrupción en los gobiernos y crea un “invernadero” de políticos “tramposos”. Además de evidenciar una mala planeación y/o ejecución de los recursos públicos, las variaciones reflejaron las verdaderas prioridades de los gobiernos estatales.

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